«Estamos satisfechos. El club sigue vivo», dice Ricardo Nieto, uno de los dos administradores concursales que han tutelado la gestión del Real Valladolid desde que el club se acogió al concurso voluntario de acreedores el 30 de diciembre de 2011. Ricardo Nieto y su colega Juan Barco pusieron ayer punto final a su labor en las oficinas del estadio José Zorrilla. A última hora de la mañana, el juez Javier Escarda de la Justicia firmó una sentencia que desestimaba el recurso presentado por el exfutbolista José Óscar ‘Turu’ Flores y daba validez al convenio aprobado de forma mayoritaria por los acreedores del club blanquivioleta. El magistrado recuerda que cabe interponer recurso de apelación en un plazo de veinte días, pero automáticamente el Real Valladolid salió del proceso concursal, recobró la autonomía de gestión y dejó de estar sometido a la intervención judicial que ejercían los administradores.
El club blanquivioleta dio por concluido un largo proceso que le ha permitido reducir la deuda con sus acreedores ordinarios entre un 70% y un 80%. La deuda total quedó fijada en 72,6 millones de euros en el informe concursal definitivo, de los cuales 44,2 correspondían a la Agencia Tributaria y 1,5 a la Seguridad Social. Estas dos cantidades no quedaron sometidas a las quitas ordinarias. Con los dos organismos públicos, el club debía alcanzar acuerdos singulares en los plazos de pago.
«Este no ha sido un concurso estándar», apunta el administrador concursal Ricardo Nieto. «Para empezar, la mayoría de los concursos van a liquidación y los casos de las sociedades anónimas deportivas siempre son complejos. Se manejan más asuntos que la mera gestión empresarial. Siempre hay una ciudad detrás y todos somos conscientes de lo que supone contar con un equipo de élite, especialmente si se trata del fútbol, el deporte más relevante».
El abogado Juan Barco y el economista Ricardo Nieto llegaron a las oficinas de Zorrilla en los primeros días del año 2012, designados por el juez Ignacio Martín Verona, quien esos días cubría la baja de Javier Escarda de la Justicia, titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil. La Agencia Tributaria renunció entonces a nombrar un tercer administrador que le correspondía por ley. Barco y Nieto, especialistas en procesos concursales, supieron desde el principio que tendrían por delante un reto mastodóntico.
«Ha habido muchos escollos», relata Ricardo Nieto. «Este ha sido un concurso donde hemos tenido que andar con pies de plomo, tratar de que todos entendieran la situación y que pusieran de su parte. Debía ser así para que saliese adelante. Al final, el Real Valladolid sigue vivo, aunque esté ahora en Segunda».
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La duración del procedimiento concursal del Real Valladolid, de dos años y medio, no resulta habitual. Los incidentes han demorado el proceso más de lo esperado. Juan Barco y Ricardo Nieto ha tenido que pelear para que el convenio propuesto por el club a los acreedores fuese aprobado mayoritariamente. En algunos momentos, los dos administradores pensaron que todo podía descarrilar y que el Real Valladolid corría riesgo real de verse abocado a la liquidación.
«Hemos tenido puntas», explica Nieto. «Ha habido momentos buenos y también momentos más críticos, con dos o tres situaciones muy complicadas. Uno de nuestros mayores temores siempre ha sido que no lográramos sacar el convenio adelante, que no se aprobara. El temor ha existido».
Sin embargo, los dos administradores respiraron cuando los acreedores ordinarios aprobaron mayoritariamente el convenio propuesto por el Real Valladolid bajo su tutela. En enero de 2014, el 56,9952% del pasivo ordinario votó a favor de las quitas propuestas. Sobre un crédito con derecho a voto de 24.136.676,21 euros, el importe de las adhesiones al convenio ascendió a 13.756.752,15 euros.
La impugnación no preocupó
Todo parecía encarrilado, hasta que el Turu Flores, a través de sus abogados, formuló una impugnación «por diferencia de trato a los acreedores ordinarios». Los reclamantes a los que el club adeudaba cantidades superiores a los 250.000 euros debían someterse obligatoriamente a una quita del 70% y un plazo de ocho años para cobrar el 30% restante. Si los créditos eran inferiores a 250.000 euros podían optar por una quita del 80% y un cobro en un solo plazo este verano. El Turu se encontraba en la primera situación, que consideraba perjudicial para sus intereses.
Sin embargo, la formulación del exfutbolista no inquietó en exceso a los administradores del Real Valladolid. La argumentación jurídica del club blanquivioleta resultaba sólida y los argumentos del Turu, endebles. «Nunca se sabe lo que puede suceder en un procedimiento judicial, donde hay una vista y decide un juez, pero desde la administración concursal entendíamos que este incidente no tenía mucho recorrido. La forma de plantearlo, las consideraciones... No ha sido uno de los que más nos ha preocupado», apunta Nieto.
La sentencia, en detalle
La sentencia con fecha de ayer firmada por el juez Javier Escarda de la Justicia resulta demoledora para los argumentos jurídicos de los abogados del Turu Flores. El magistrado califica de «alegación extemporánea» la pirueta que intentó el abogado Antonio Sánchez en la vista celebrada el pasado 24 de junio, cuando reclamó inesperadamente que la Liga de Fútbol Profesional no debió tener derecho de voto a la hora de aprobar el convenio, al no aparecer previamente como acreedor. «Constituye una alteración de la demanda proscrita por la ley (‘mutatio libeli’) en cuanto generadora de indefensión. De ahí que, como dijimos en el juicio, no vamos a tomarla en consideración».
El juez Escarda se ciñe únicamente a la demanda de oposición al convenio que formuló el Turu Flores, representado por la procuradora Ana Isabel Escudero Esteban. El magistrado desestima la impugnación con los mismos argumentos que ofrecieron César Adeva, abogado del Real Valladolid, y el administrador concursal Juan Barco durante el juicio.
El juez recuerda que el convenio blanquivioleta cumple con los requisitos de doble mayoría (créditos ordinarios y créditos ordinarios superiores a 250.000 euros) y desglosa cinco acreedores adheridos al convenio no afectados por el trato singular. Chamartín Shopping SL (8 millones), Liga de Fútbol Profesional (2.145.000 euros), Real Madrid Club de Fútbol (755.514,06) y Servicios Deportivos IDUB (536.150 euros) aparecen en la sentencia del magistrado, aunque el juez Escarda no incluye a la Fundación Municipal de Deportes, que también se adhirió al convenio con un crédito de 522.402,39 euros.
El magistrado señala que los abogados del Turu no acreditan la existencia del perjuicio económico que sostenían. Además, apunta que un informe pericial elaborado por Gerardo Ortega «desvirtúa totalmente tal alegación analizando los distintos ‘escenarios’ posibles (descenso a Segunda División, como es el caso, e incluso a Segunda B) en los que en ningún caso se producen perjuicios para los titulares de créditos superiores» a 250.000 euros. «Por otra parte, la incertidumbre a la hora del cobro en los plazos contemplados en el convenio es predicable no solo de una sociedad anónima deportiva [...] sino de cualquier empresa».
Proporcionadas costas
El magistrado Javier Escarda impone las costas del proceso al Turu Flores, aunque de manera proporcionada. Ni acepta la tesis de la «cuantía indeterminada» que proponían los abogados del exjugador ni tampoco «la del total del pasivo» que pretendía el Real Valladolid y que habría resultado muy gravosa para el Turu. «Ello podría vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, disuadiendo a los pequeños acreedores de la impugnación de un convenio bajo la amenaza de una imposición de costas en cuantía absolutamente desorbitada», sentencia el juez.
Escarda concluye que, con la aprobación del convenio, «cesarán todos los efectos de la declaración de concurso», aunque los administradores concursales, que deben responder ante el juez de sus actuaciones en el plazo de 30 días, «conservarán plena legitimación para continuar los incidentes en curso».
Juan Barco y Ricardo Nieto formarán parte ahora, junto con un representante de la LFP, de una comisión de seguimiento y control para velar por el correcto desarrollo del convenio con los acreedores.