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La LFP debe autorizar el despido de Rubi al superar los 50.000 euros

David Baixauli. Representante de la LFP en la comisión que vela por el cumplimiento del convenio de acreedores del Real Valladolid.
David Baixauli. Representante de la LFP en la comisión que vela por el cumplimiento del convenio de acreedores del Real Valladolid.
  • El voto de David Baixauli, de la Liga, es necesario en la comisión que controla el convenio de acreedores del club blanquivioleta

El Real Valladolid no recuperó la autonomía plena tras salir del proceso concursal el 23 de julio de 2014. Juan Barco y Ricardo Nieto abandonaron su papel como administradores de la entidad blanquivioleta, pero pasaron a formar parte de la Comisión de Seguimiento y Control, creada por el propio club, y que vela por el correcto cumplimiento del convenio firmado con los acreedores. A esa comisión se incorporó una tercera persona: David Baixauli, el jefe del órgano de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

La comisión actúa de forma colegiada y debe aprobar todas las operaciones que superen los 200.000 euros si el club milita en Primera División o los 50.000 euros si el equipo se encuentra en Segunda, lo que sucede en la actualidad. Cualquier compra, venta o actividad económica del Real Valladolid que rebase esta última cifra tiene que ser autorizada por el organismo. Se necesitan dos votos para aprobar las decisiones, pero uno de ellos debe ser siempre el de David Baixauli, el representante de la Liga, cuyo papel resulta determinante.

El pasado miércoles, 17 de junio, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ supo que no continuaría como entrenador del Real Valladolid para la próxima temporada. El director deportivo blanquivioleta, Braulio Vázquez, le comunicó la decisión adoptada y comenzó el proceso para elegir al nuevo técnico. Sin embargo, el club blanquivioleta no ha dado oficialidad al despido del entrenador catalán, ya que debe ser aprobado por la Comisión de Seguimiento y Control, algo que no ha sucedido hasta ahora. En un escenario posible (aunque improbable), Rubi podría continuar como entrenador del Valladolid si Baixauli no autoriza una rescisión que ronda el medio millón de euros debido a las indemnizaciones que tienen que cobrar el técnico y sus cuatro ayudantes, cuyos contratos se rubricaron hasta 2016.

La comisión que forman David Baixauli, Juan Barco y Ricardo Nieto se reúne, como mínimo, una vez cada tres meses y, hasta la fecha, ha dado luz verde por unanimidad a todas las decisiones propuestas por el Real Valladolid. Este organismo recibe los estados financieros mensualmente, las cuentas anuales y los informes de gestión. Además, debe ser informado de la compra de los derechos federativos de los jugadores profesionales. Hasta la fecha, el club ha cumplido con estos compromisos. Ahora, la comisión tendrá que autorizar el despido de Rubi y todas las operaciones que superen los 50.000 euros (fichaje del nuevo técnico, compras y ventas de jugadores...). Y ahí la Liga de Fútbol Profesional, a través de Baixauli, siempre tendrá la última palabra.