Real Valladolid

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Rotundo triunfo judicial del Real Valladolid en el caso Saúl

Saúl García, en un partido amistoso con el Deportivo disputado el pasado verano en Montevideo ante el Peñarol.
Saúl García, en un partido amistoso con el Deportivo disputado el pasado verano en Montevideo ante el Peñarol. / Carlos Lebrato-EFE
  • El TSJ de Cantabria confirma la condena de un millón de euros al futbolista y valida el contrato firmado con nueve meses de antelación por encima de la reglamentación deportiva

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El Real Valladolid ha observado con satisfacción cómo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria le ha dado la razón en el caso Saúl García, en una sentencia en la que la legislación laboral se antepone claramente a los reglamentos deportivos. La Sala de lo Social de este organismo ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Club Deportivo de La Coruña y confirma la condena impuesta al futbolista (actualmente en las filas del Mallorca), que tendrá que pagar un millón de euros al club blanquivioleta por incumplimiento de contrato. El Deportivo figura como responsable subsidiario y, por esta razón, recurrió ante el TSJ. La sentencia, dictada por las magistradas Mercedes Sancha (presidenta), María Jesús Fernández y Elena Pérez (ponente) con fecha de 30 de marzo de 2017, desmonta, uno por uno, todos los argumentos del recurso.

Saúl García Cabrero poseía un contrato como futbolista del Racing de Santander desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 30 de junio de 2015, pero «ante las dificultades económicas que pasaba el club, el jugador, a través de su agente, se puso a disposición de distintos clubes de fútbol, para garantizar su futuro tras el término de su contrato», según recoge la sentencia en los antecedentes de hecho.

El Real Valladolid llegó a un acuerdo con Saúl García que «no quedaba condicionado a pasar un reconocimiento médico, de tal forma que, aunque tuviera una lesión importante en lo que quedaba de contrato con el Real Racing Club de Santander SAD, el jugador tendría garantizado su futuro». Ese compromiso entre Saúl García y el Real Valladolid se plasmó en un «contrato de relación laboral especial» fechado a día 2 de enero de 2015, que recogía que sería jugador blanquivioleta desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2019.

El texto incluía una serie de cláusulas de indemnización para el Valladolid (ocho millones en caso de incumplimiento de contrato en Primera; cuatro millones en Segunda; 10 millones si se marchaba a Real Madrid o Barcelona; tres millones si lo hacía antes del 30 de junio de 2015...) y un punto clave: si no se cumplía con lo establecido, cada una de las partes tendría que indemnizar a la otra con un millón de euros. Además, el Real Valladolid debía pagar a Saúl 51.000 euros como prima de fichaje el 2 de enero de 2015.

Este contrato, «de ejecución diferida», se firmó el 2 de septiembre de 2014 y se ajustaba perfectamente a la legislación laboral, aunque no a los reglamentos federativos, que únicamente permiten alcanzar acuerdos con futbolistas de otros clubes en los seis meses previos a la finalización de sus compromisos vigentes. En este caso, se concretó nueve meses antes.

El contrato con el Deportivo

El 29 de diciembre de 2014, Saúl García firmó un nuevo contrato, esta vez con el Deportivo de La Coruña (y con el consentimiento del Racing), de cuatro temporadas y media de duración y con mejores condiciones económicas para su bosillo. El futbolista nunca llegó a incorporarse al Real Valladolid, así que la entidad blanquivioleta demandó tanto a Saúl como al Deportivo de La Coruña. El juzgado de lo Social número 5 de Santander dio la razón al Real Valladolid y, a continuación, el Deportivo presentó un recurso de suplicación ante el TSJ.

El club gallego efectuó varias alegaciones, todas desestimadas ahora. El Dépor consideró que no se trataba de un contrato entre Saúl y el Real Valladolid, sino de un «precontrato» que nunca llegó a entrar en vigor, ya que el futbolista no pasó el reconocimiento médico, y que el club blanquivioleta no abonó al jugador los 51.000 euros pactados. Saúl también siguió la misma línea en su escrito de impugnación. El Deportivo recordó que Saúl «no era agente libre» el 2 de septiembre de 2014 y que no podía firmar un contrato con el Real Valladolid «sin el conocimiento del Racing», como sucedió.

El TSJ de Cantabria ha echado por tierra, uno por uno, todos los argumentos del recurso. El tribunal determina que se trató de un «auténtico contrato cuya ejecución no era inmediata» y que resulta «admisible que las partes concierten un contrato de trabajo» que comience en «un momento posterior». «La Sala comparte la consideración judicial de que el pacto suscrito entre las partes era un auténtico contrato. Nos parece oportuno puntualizar que en el ámbito del deporte profesional proliferan los precontratos o las promesas de concertar un contrato en el futuro», escribe.

Tampoco acepta el TSJ que el hecho de no abonar la prima de fichaje de 51.000 euros suponga un incumplimiento por parte del Real Valladolid ya que Saúl había firmado un segundo compromiso con el club gallego sin respetar el acuerdo previo.

Normas jurídicas

El tercer motivo de infracción jurídica que aduce el Deportivo tiene que ver con la vulneración de los reglamentos de la FIFA y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que el 2 de septiembre de 2014 el Real Valladolid no podría fichar a Saúl sin llegar a un acuerdo con el Racing. Sin embargo, la sentencia recuerda que Saúl García sabía lo que hacía y que «no cabe argumentar la existencia de un error en el consentimiento». «Además, no existe prueba alguna de ocultación del contrato ni de una actuación dolosa por parte de la entidad deportiva contratante [Real Valladolid]».

El TSJde Cantabria recuerda que «la licencia deportiva es un acto de admisión en la organización», pero que su ausencia no obstaculiza la relación laboral que pueden mantener un deportista y una entidad deportiva. Además, señala:«Tanto el Reglamento General de la Federación Española de Fútbol como el Reglamento FIFA, cuya infracción se denuncia en el recurso, no son normas jurídicas en sentido propio», así que no pueden invocarse en un recurso de este tipo.

En su escrito de impugnación, Saúl García solicitó que la indemnización se redujese a 300.000 euros, algo que el TSJtambién desestima para confirmar la sentencia previa del pago de un millón de euros al Real Valladolid, así como el abono de las costas procesales.

«Teníamos muy claro que habíamos obrado bien y que el Deportivo no lo había hecho. Eso es lo que refleja la sentencia», valoró ayer con satisfacción Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid.

Contra esta última decisión del TSJ, cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.